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La falta de tratado de extradición dificulta la lucha contra el crimen transnacional, ya que los delincuentes pueden escapar de la justicia al refugiarse en países que no tienen acuerdos de extradición con otros países.

Una vez aclarada la posición que guardan los tratados en el sistema de fuentes del derecho mexicano, la autora estudia de manera typical los cambios que se han presentado en el sistema político mexicano en los últimos años, y que se han traducido en el desgaste y debilitamiento del sistema presidencial para dar paso a un sistema más abierto donde los poderes Legislativo y Judicial participan de manera más activa tanto en la vida nacional como internacional de México. Es de destacar el papel que ha asumido el Poder Judicial en materia de extradición, tanto en el caso Cavallo como en la interpretación del artículo 4o.

La extradición a México es un proceso complejo que implica la entrega de una persona a otro país para que sea juzgada por delitos cometidos en ese lugar. Este proceso se lleva a cabo a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Procuraduría Basic de la República.

Aunado al rigor académico con que se abordan los temas de estudio y se emplean herramientas metodológicas como el derecho comparado y el examen de fuentes biblio–hemerográficas y documentales, el texto tiene la virtud de utilizar un lenguaje especializado pero comprensible para el lector no familiarizado con la terminología jurídica.

one. La extradición deberá concederse por un acto u omisión que constituya un delito de los que se encuentran dentro de los descritos en el Apéndice anexo a este Tratado, el cual forma parte integral del mismo.

Una vez que se recibe la solicitud de extradición, la SRE revisa la documentación y determina si cumple con los requisitos necesarios para proceder con el proceso. Si se determina que la solicitud es procedente, la PGR se encarga de llevar a cabo el proceso judicial correspondiente.

Si la resolución definitiva es CONCEDIDA, la extradición es notificada por las autoridades del Estado requerido a las autoridades de México, Extradición México Irlanda por lo que se inicia la coordinación para el traslado del extraditable a territorio nacional.

Dicho instrumento jurídico deberá tomar en cuenta las contribuciones de las Convención de Montevideo de 1933, y superar el fracaso de la Convención have a peek here de Caracas de 1981. La adopción de una nueva convención de extradición implica un arduo proceso de negociación y trabajo que debe ser promovido por uno o varios Estados con capacidad de liderazgo en la región. De acuerdo, con la autora, México debe recuperar su papel de liderazgo y prestigio internacionales en la OEA y otros foros mundiales, a fin de impulsar la creación de normas uniformes en materia de extradición en el continente americano.

three. Que la persona acusada haya cometido el delito en el país que solicita la extradición o haya huido a ese país para evitar el juicio.

Mientras que son pasivas las solicitudes que recibe nuestro país de parte de gobiernos extranjeros, en virtud de encontrarse un prófugo de la justicia de dicho Estado en nuestro país.

Si se determina que se cumplen los requisitos, se emite una resolución en la que se autoriza la extradición. La persona a extraditar tiene entonces la posibilidad de interponer un recurso de amparo ante un tribunal mexicano, el cual puede conceder o negar la extradición.

Las Procuradurías Generales de Justicia y/o Fiscalías Generales o las áreas investigadoras de la PGR solicitan la intervención de esta Institución para iniciar un procedimiento de extradición de una persona ubicada en el extranjero que cuenta con un mandamiento judicial vigente y ejecutable.

A la par de los artilugios jurídicos a los que pueden recurrir tanto los Estados como los propios individuos reclamados para conseguir o evitar la extradición, existen prácticas extrajurídicas ampliamente utilizadas por los gobiernos para allegarse de manera rápida de los individuos reclamados; tales prácticas son la entrega informal y el secuestro transfronterizo. En el primer caso, los Estados acuerdan la entrega o intercambio de delincuentes al margen del ordenamiento jurídico aplicable.

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